Políticas de seguridad y resultados electorales

Por Alejandro Sala
alejanron_sala@yahoo.com.ar
Autor del libro EL ESPÍRITU DEL MERCADO


Políticas de seguridad y resultados electorales

Una buena política de seguridad sería aquella en la cual no se produzcan asaltos, homicidios, secuestros, violaciones, etc. Se trata, por lo tanto, de una política cuyos resultados no serían visibles. La inauguración de un puente, la incorporación de nuevo equipamiento para un hospital, la concesión de beneficios sociales, son políticas cuyos resultados son ostensibles. Pero la seguridad no tiene esa particularidad. El hecho de que algo (los delitos) no suceda no es susceptible de ser filmado, fotografiado, ni siquiera narrado. Por lo tanto, para los políticos, una buena política de seguridad no resulta electoralmente rentable. Tan es así, que una típica escena habitual de las “políticas de seguridad” consiste en la presencia de los gobernantes entregando patrulleros o decretando un aparatoso despliegue de la policía o la Gendarmería para “garantizar la tranquilidad en las calles”.

Sucede, sin embargo, que gran parte del secreto del éxito de una política de seguridad depende de acciones silenciosas, preventivas, no visibles. La inteligencia, la vigilancia, el patrullaje no reditúan electoralmente pero son, justamente, los métodos que conducen a la disminución sustancial de los índices delictivos. Este es el punto donde el problema aparece: para los políticos las acciones no visibles que impiden la comisión de delitos no son atractivas porque no reditúan electoralmente. Hay una desconexión entre una política de seguridad eficiente y los resultados electorales. Si tal escisión no existiera, no se explicarían, por ejemplo, los buenos resultados electorales obtenidos por Scioli.

La actitud de la población respecto de la inseguridad es más bien ciclotímica. Los picos de interés por el tema tienden a producirse cuando suceden crímenes resonantes pero, pasado el impacto, la conmoción se disipa y el problema de la falta de seguridad vuelve a un segundo plano. Eventualmente, durante algunos días se incrementa la presencia policial en el lugar donde el hecho conmocionante se produjo, y luego todo vuelve a la normalidad, quizá hasta que un nuevo delito en otro lugar atraiga la atención general (usualmente, multiplicada por el tratamiento mediático del suceso) y así sucesivamente. Por supuesto, ante cada uno de estos casos, los políticos afirman que “de ahora en más” la delincuencia será combatida “con todo el rigor de la ley”.

El interrogante que se plantea es cómo salir de esta dinámica. Conviene identificar con claridad el problema: no hay correspondencia entre los efectos de las políticas de seguridad y los resultados electorales. ¿Por qué sucede esto? Si es obvio que el mantenimiento de la seguridad pública es una obligación inexcusable de cualquier gobierno ¿por qué el incremento del índice de delitos no tiene costos electorales? Una hipótesis posible es que los responsables de la seguridad son los mismos que tienen a su cargo otras tareas. Entonces, la obligación de proporcionar seguridad queda diluida en el conjunto de responsabilidades que la población le atribuye a los políticos, quienes, de ese modo, privilegian la realización de tareas “más visibles” porque son las que les permiten extraer beneficios electorales más elevados.

De acuerdo con este análisis, un político prefiere realizar una obra –una plaza, un puente, un plan de asfaltado, etc.− o acción social directa, antes que ocuparse de la seguridad. ¿Por qué sucede esto? Porque la obra o el beneficio social son visibles, en tanto que la gestión en seguridad no lo es, excepto su carencia en los momentos pasajeros en los cuales se producen los picos de irritación social como consecuencia de un hecho puntual. Pero los políticos saben que esa agitación es efímera y entonces, con algunas palabras y eventualmente algunos gestos prácticos ocasionales, consiguen apaciguar el reclamo popular sin que su reputación sufra mella.

Dado este conjunto de circunstancias ¿qué camino cabe seguir para superar el “punto muerto” en el que nos encontramos en relación a la aplicación de políticas de seguridad eficientes? Si el problema es la desconexión entre los efectos de las políticas de seguridad y los resultados electorales, una hipótesis posible es estudiar mecanismos que restablezcan ese vínculo. El tema es muy complejo y seguramente no admite soluciones absolutamente dogmáticas. No obstante, el principio rector de la idea es sencillo: habría que buscar el modo de que la ciudadanía, al votar, sitúe la seguridad como un problema específicamente tenido en cuenta. Entonces, la hipótesis sería que quizá habría que implementar mecanismos para que los responsables de la política de seguridad sean votados en forma directa por la ciudadanía… Esto, sin dudas, provocará escalofríos a las mentes conservadoras. Pero si alguien es el responsable directo de la seguridad pública, y de ningún otro aspecto de la gestión de gobierno, será juzgado electoralmente por los resultados en relación a la seguridad y nada más que eso. Entonces, ese funcionario –como sea que se lo denomine y cualesquiera que sean sus facultades− solo podrá ganar elecciones en la medida en la que produzca resultados satisfactorios…

El mecanismo propuesto resolvería el problema diagnosticado, es decir, la desconexión entre los efectos de la política de seguridad y los resultados electorales. Se trata de una iniciativa muy difícil de ejecutar porque implica una modificación sustancial en la estructura del poder político. Sin embargo, un análisis rigurosamente técnico del problema pone en evidencia que una solución de esta naturaleza “quiebra el espinazo” en el cual el fracaso de las políticas de seguridad se sustentan. Quizá se trate de una propuesta que amerite un análisis más detallado.

ALEJANDRO SALA

Artículo publicado originalmente en la página de la Fundación Libertad de Rosario y su publicación fue autorizada por el autor.